La fuga de dos  excombatientes de las FARC  de la cárcel La Picota de Bogotá, el fin de semana, dejó en evidencia fallas de seguridad en ese centro carcelario, que fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General al Inpec.

De acuerdo con el ente de control,  parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada, se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo.

Para el coronel Germán Ricaurte, director de la cárcel La Picota, hubo "un compromiso individual de un funcionario y por la falta a la ética y a las responsabilidades como guardián se produce esta fuga”.

Sin embargo, para la Contraloría, en las auditorías adelantadas al Inpec se ha abordado la temática de administración de personal, y uno de los hallazgos preocupantes es la elevada cantidad de permisos sindicales que se conceden al personal de custodia y vigilancia, que  afectan la seguridad carcelaria.

"Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia", indica un comunicado divulgado por la Contraloría.

Lo más grave, según expresa,  es que el seguimiento realizado permitió determinar que los permisos sindicales autorizados se incrementaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años), lo que demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos.

Los permisos beneficiaron a personal vinculado a los actuales 78 sindicatos de la entidad, los cuales se encuentran constituidos en su mayoría (85%) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República.

Según cifras que maneja el Inpec,  a febrero de 2018, hay 3.650 funcionarios aforados, de los 8.640 afiliados a los sindicatos y la Federación Sindical.

"Esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al INPEC, afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos, señaló en su momento el organismo de control", se lee en el comunicado.

Además, la limitación de personal continúa afectando derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariando de esta forma estándares mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de tutela.

Completa este panorama de insuficiencia de personal de custodia, la falta de provisión de 512 cargos, resultado de la diferencia entre la planta de personal uniformado autorizada (12.848) frente a la actualmente provista (12.336).